Ni la salud, ni la economía, ni el trabajo han quedado exentos de sufrir unas repercusiones todavía por escudriñar. En el caso de las empleadas domésticas, más de la mitad han perdido su empleo desde el inicio de esta crisis. La mayoría no están dadas de alta en la Seguridad Social y no tienen derecho al subsidio del Gobierno.
Esta terrible pandemia no deja títere con cabeza. Tras meses de confinamiento, nada permanece inmune. Diana Huamán, llegó desde latinoamérica hace más de 20 años. Nació en una de las ciudades más bulliciosas de Venezuela: Barquisimeto. Nos cuenta que fue despedida a principios de este mes, y no tiene derecho a pedir el subsidio para trabajadoras del hogar que decretó el Gobierno porque no estaba dada de alta en la Seguridad Social. Aún así, aunque lo tuviese, sería un ingreso insuficiente para cubrir los gastos básicos.
El despido «apalabrado», sin papeles ni derechos, que existe de forma ilegal en este sector, abrumadoramente feminizado, no tiene ningún tipo de consecuencias para el empleador. Sin embargo, las tiene todas para el empleado. A día de hoy, Diana se ve sin ninguna perspectiva de futuro y vive del salario de su hija. Reside con ella en un piso por el que pagan 400€ al mes y no han podido abonar el alquiler de abril.
El futuro de muchas de estas mujeres es preocupante. Se han quedado sin sueldo, sin trabajo y, hasta en algunos casos, se han visto en la circunstancia de tener que trasladarse de la noche a la mañana a casas de amigos o familiares. La emergencia sanitaria ha puesto en evidencia las carencias de este sector que, sin embargo, es fundamental.
Redacción.
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