La histórica ayuda que ayer se ha aprobado con ningún voto en contra, aparta, entre otros, a inmigrantes irregulares, jóvenes o demandantes sin prestación.
En Cuatro Caminos, 556 personas están en riesgo de pobreza, es decir, su nivel de ingresos está por debajo del 60% de la media de la renta de los hogares españoles. La situación se ha agravado exponencialmente como consecuencia del Covid-19, por lo que, según los datos de referencia europea recogidos por la consultora AIS Group, casi uno de cada cinco hogares se encuentra en esta situación.
El Congreso de los Diputados ha aprobado ayer el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que pretende paliar la pobreza extrema a través de una renta de entre 461 y 1.015 euros y cuenta con el apoyo de casi todos los partidos políticos, salvo VOX, que se abstuvo. Puede que sea una jornada histórica para quienes vean en esta ayuda el método para acercar la renta mínima a la media de los países del entorno.
Sin embargo, desde las organizaciones consultadas, afirman que acarrea tantos déficits que invisibiliza aún más a colectivos de una pobreza tan severa como los cientos de inmigrantes en situación irregular, o los jóvenes, especialmente aquellos que salen del sistema de protección de menores, de entre 18 y 23 años que no hayan vivido de forma independiente tres años, igual que los cientos de demandantes de empleo que no han podido percibir jamás una prestación y también todos aquellos que participan en proyectos de inclusión en espacios residenciales y que, como los demás, serían claros destinatarios del Ingreso Mínimo Vital.
El Ingreso Mínimo Vital excluye a estas personas en situación administrativa irregular, a pesar de que la propia Ley Orgánica de Extranjería reconoce su derecho a acceder a prestaciones sociales básicas. Cáritas lamenta profundamente esta grave omisión, porque «son personas que viven, trabajan y contribuyen a la sociedad española, y que se encuentran actualmente en situación de gran precariedad». «Nos preocupa la situación de las familias migrantes —añaden desde la entidad—, que van a caer en situación de irregularidad sobrevenida y en especial, los menores de esas familias que no van a estar protegidos en condiciones de igualdad con otros niños y niñas de nuestro país por el mero hecho de que a sus padres les falta un papel».
Uno de los déficits más llamativos de esta medida es la restricción en el acceso a las personas jóvenes. No se puede pedir el ingreso mínimo a partir de los 18 año. Especialmente difícil es la situación en el caso de los jóvenes que salen del sistema de protección de menores a los 18 años por obligación y se quedan en la calle sin ningún recurso.
Redacción.
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